Una vez más, un Concurso con la temática del hábitat y la vivienda que organiza el Estado Nacional y en el que la posibilidad de participación es sumamente restrictiva para, justamente, los profesionales que nos ocupamos del diseño y la materialización del hábitat y la vivienda.
Una vez más, la Universidad invade el ámbito del ejercicio profesional de sus graduados y se apropia, en forma exclusiva, de prácticas que le son ajenas, descuidando sus funciones primordiales: la formación y la investigación. Como la Medea de la tragedia griega, la madre mata a sus hijos.
Una vez más, y ya perdimos la cuenta de los reclamos y presentaciones realizados, nuestro Colegio asume la defensa de sus matriculados en relación a “todos aquellos casos en que sus intereses profesionales, en razón del ejercicio de sus actividades, fueran lesionados”, como lo determina nuestra ley de Colegiación.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuya reciente creación a despertado favorables expectativas en el colectivo de los arquitectos/as, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Consejo Inter-Universitario Nacional (CIN) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación han puesto en marcha el Concurso Nacional de Ideas “Hábitat emergentes”, con la “finalidad de estimular a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales a aplicar sus conocimientos en el diseño de propuestas innovadoras de viviendas ambientalmente eficientes, que puedan emplearse ante situaciones de emergencia”.
Hasta aquí, se puede acordar con el objetivo general del Concurso, en el marco de la pandemia que nos afecta, pero en cuanto se profundiza en el contenido de las Bases, se advierte que la participación solo se limita a “estudiantes, docentes e investigadores sin restricción de edad o nacionalidad de Universidades Nacionales y Públicas de disciplinas relacionadas con el Hábitat en su dimensión integral, la Arquitectura, el Proyecto y el habitar”. Se aclara un párrafo más abajo que cada equipo podrá integrar hasta dos “colaboradores externos graduados”, a los que se relega al carácter de “asesores” (también lo son para las Bases, por ejemplo, los estudiantes de universidades privadas o los técnicos), de acuerdo a la respuesta de la Asesoría a una consulta efectuada. Es decir, gran parte de los arquitectos/as graduados y matriculados argentinos en general, y bonaerenses en particular, podemos participar como colaboradores ¿externos? o asesores.
A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el refrán.
Nos preguntamos: ¿no interesa la enorme experiencia acumulada en su práctica profesional por decenas de miles de arquitectos/as en el hábitat y la vivienda y la posibilidad de contar con propuestas creativas, innovadoras y materializables? ¿Por qué, en momentos de penurias laborales, se le impide a miles de arquitectos bonaerenses participar de un Concurso con premios muy importantes en cantidad y monto? ¿Los organizadores desconocen la existencia de un Reglamento que aplican todas las entidades adheridas a FADEA, y que recoge la experiencia de miles de Concursos realizados durante más de un siglo?
Pero no sólo es la participación de los matriculados lo que nos preocupa. En la composición del jurado no se contempla la representación de los participantes, con un agravante: los dos únicos arquitectos confirmados en el rol de jurados son, más allá de sus méritos y probidad, extranjeros.
En definitiva, una propuesta apropiada del Estado Nacional para este momento, empañada y empobrecida por una implementación que impide, o solo lo permite en un rol muy secundario, la participación de la gran mayoría de los colegas, que en un momento de aislamiento social y escasas oportunidades laborales, podrían aportar desde su práctica y formación profesional a un proyecto de indudable interés social.
Arq. Adolfo CANOSA
Presidente CAPBA CS