LA CAAITBA, UN PROBLEMA RECURRENTE

El año 2020 fue sin duda para el olvido desde el punto de vista de la labor profesional, con una prohibición imperante por más de 7 meses de ejecución en la región para las obras privadas y la consecuente caída de la actividad.

Dicha situación implicó una natural disminución/interrupción de los ingresos económicos de los arquitectos, al no poder formalizarse nuevos encargos ni poder continuar los emprendimientos en curso, y por ende resentirse el cobro de honorarios tanto potenciales como pendientes.

Nada resultó como podía preverse y la excepcionalidad invadió todos los ámbitos públicos y privados, con postergaciones o reformulación de aumentos y vencimientos -en tarifas de servicios, créditos bancarios, contratos de alquiler y otros-, donde cada actor involucrado debió adaptarse a las circunstancias, tendiendo siempre a proteger los intereses de los más perjudicados por la emergencia sanitaria.

De esta sensibilidad –o bien podría considerarse simplemente sentido común-, poco y nada se pudo advertir en nuestra Caja de Previsión Social, que no pensó en esa masa de afiliados que no pudo sostener su trabajo en tan importante periodo de tiempo. Ni postergación de vencimientos de contratos, ni facilidades para completar la CMAO, ni mucho menos ayuda económica a sus afiliados –como si lo hicieran otras cajas previsionales-. 

De nada sirvieron los pedidos y propuestas que el CAPBAUNO y otros distritos expusieron. Tan solo operó el mantenimiento del valor anual de la CMAO y la postergación temporal –de abril a septiembre- del aumento del valor referencial, que si bien “mejora” en algún sentido el honorario mínimo, también modifica en forma contraproducente la modulación de las deudas pendientes.

Para analizar esta situación, es necesario entender la relación de fuerzas que el CAPBA tiene en el gobierno de la CAAITBA, donde a pesar de contar con casi el 50% de los aportantes, solo tiene el 20% de peso en las decisiones, donde intervienen en idéntica proporción las representaciones de Agrimensores, Ingenieros, Técnicos y Jubilados y cada cual responde a sus intereses y modalidades de actividad.

En ese contexto y a la vista una vez más de la distancia entre las demandas de nuestra matrícula y las acciones y decisiones de la CAAITBA, se vuelve cada vez más necesaria la conformación de una Caja Propia, que nos dote de independencia funcional y mayor capacidad de respuesta a las necesidades particulares de nuestra actividad. Y eso no depende ya sólo de la gestión colegial, sino de la voluntad política de nuestros legisladores, para cerrar un capítulo que ya tiene demasiados actos -con idas y vueltas en su tratamiento- y sancionar una Ley completamente necesaria para nuestro presente y nuestro futuro.