La nueva arquitectura amenazada

La nueva arquitectura amenazada (o la demonización de nuestra principal industria)

Por el Arq. Daniel H. Martínez

La información no es conocimiento. Propongo hacer un esfuerzo para no caer en las fáciles definiciones maniqueas que orientan muchas de las creencias actuales referidas a la industria de la construcción y su incidencia en la calidad de vida desde el punto de vista ambiental.

Además, propongo apartarnos del reiterado “cliché” que nos lleva a una pregunta que históricamente no ha tenido respuesta, pero que se repite desde distintos ámbitos sin mucho fundamento político y científico: ¿Qué ciudad queremos? Y mientras nos refugiamos en la ausencia de alternativas “consensuadas”, las urbes y en particular la Región del Gran La Plata crecen significativamente por voluntad de otras fuerzas y componentes sociales mucho más complejos.

Ensayemos un par de preguntas: ¿queremos una ciudad anestesiada de por vida?; ¿queremos ser conocidos y reconocidos como Capital de la provincia más importante desde el punto de vista productivo y demográfico de nuestro país?

Pero, al mismo tiempo, ¿queremos crecer? ¿Podemos no hacerlo? Y si así fuese, ¿cuáles son los ejes a ponderar positivamente y los que deseamos evitar? Preguntas, siempre preguntas.

Entendemos que quienes gobiernan deben -en su rol de mandatarios democráticos- concretar planes de desarrollo territorial que tracen los lineamientos generales de regulación urbano-regional, mediante políticas públicas que ordenen y respondan a tales cuestiones. Por otra parte, la otra materia que integra este complejo debate está referida a la industria de la construcción, esa que por sí misma aporta ciertos significados que impactan inevitablemente en la configuración del hábitat, más allá de las virtudes vinculadas en forma directa a la multiplicación económica que su desarrollo promueve.

Es necesario considerar que las transformaciones territoriales van siempre de la mano de los cambios provocados o impulsados por las fuerzas políticas y de manera estrecha con las tendencias culturales. Estas pujanzas, se interrelacionan y se expresan concretamente en diferentes proyectos en pugna. El proceso de conformación territorial ha tenido en las últimas décadas un rasgo dominante: el protagonismo estatal fue articulando acciones productivas equilibradas con la iniciativa privada en la construcción y el crecimiento urbano.

Sin embargo, se advierten tendencias detractoras de una industria que con bajo impacto negativo en lo ambiental, ha venido perdiendo estima colectiva. Se sabe que una obra o un nuevo barrio modifica las circunstancias precedentes: es la ley de todo cambio. Los profesionales preparados para el diseño y la ejecución de estos desarrollos, sabemos considerar tales impactos, pero también admitimos que son inevitables. Entonces, ¿qué equilibrio se debe procurar para atender otros intereses, tan válidos como los que dan origen al desarrollo? La respuesta es clara: la ley.

Sobre este punto quiero reflexionar, ya que se corre el riesgo de “paralizar” las iniciativas (al menos regionalmente) o peor aún, caer en respuestas elementales generalmente apartadas del apoyo y el criterio profesional.

El Gran La Plata es una microrregión conformada por tres municipios estrechamente unidos desde lo geográfico y social. El censo nacional de 2010, aporta cifras importantes: su población asciende a 793.365 habitantes de los cuales el 81,9% se encuentra en La Plata, el 11,1% en Berisso y 7% en Ensenada.

Mientras que los municipios de Punta Indio, Magdalena y Brandsen constituyen al menos el segundo anillo de influencia económica y socio cultural. Todos ellos, conforman un modelo de núcleos menores de diferente escala organizados en torno a grandes focos urbanos, comunicados a través de autopistas y rutas, mediante el transporte privado que lamentablemente reemplazó al ferrocarril como recurso conector de sus interacciones.

Los principales atributos de su estructura socioeconómica están dados por la importancia de su sector terciario. En efecto, la Ciudad de La Plata, cabecera política de la Provincia de Buenos Aires, sede de la Universidad Nacional y de numerosas entidades académicas, empresariales y financieras, se extiende también a otros campos de fuerte impacto regional con un diversificado sector industrial en el que se destacan grandes empresas metalmecánicas y petroleras, emplazadas en el área portuaria. Asimismo, cuenta con un cinturón frutihortícola y florícola que detenta gran jerarquía en el país.

Más allá del impacto que la ciudad Capital tiene en materia de servicios y equipamiento socio cultural, es evidente que la urbanización concéntrica y radial predominante durante más de un siglo, dio lugar a un modelo disperso y potente. No sólo afianzado en las cabeceras de cada distrito, sino también en distintas centralidades caracterizables como de urbanización discontinua.

El proceso de recuperación y crecimiento de la producción industrial ligada al mundo de la construcción y de nuevos desarrollos urbanos, tiene siempre su correlato favorable en el aumento del empleo pero también secundaria en la habilitación de otros servicios complementarios, una vez que las obras se terminan. En tal sentido, debe mencionarse el rol de las PyMEs, las que revelan el 85% del nuevo empleo.

Más allá de todos estos factores positivos y favorecedores, se nota una enorme inquietud social por la supuesta “responsabilidad” que le cabría a la industria de la construcción en la merma de la calidad de vida. Es este estado de sospecha generalizado el que provoca efectos perniciosos, generalmente expresados en medidas y opiniones extremas y paralizantes, tales como excesivos controles, notas difamatorias en los medios, dudas infundadas sobre el rol profesional, críticas inconsistentes sobre las motivaciones de los proyectos y la infaltable calificación denostadora: “la especulación inmobiliaria”. Debemos trabajar para revertir este afianzado estado de amenaza, ya que una comunidad que no confía en los profesionales de la construcción (y en la industria que los involucra) torna inviable todo proyecto de desarrollo edilicio, urbano o ambiental.

La industria de la construcción es movilizadora y multiplicadora, pues dinamiza y nutre a muchísimos y variados gremios vinculados directamente a ella. Indirectamente, se suman otros tales como transportes o fletes, servicios, comercios de provisión, entre otros.

Últimamente, y como mecanismo casi habitual, los arquitectos somos duramente juzgados por eso debemos detenernos y analizar todos los factores que condujeron a este penoso desenlace. Cuestiones propias de la economía general y un resurgimiento de las inversiones destinadas al campo de la construcción han derivado en la sana consecuencia de nuevas modalidades en el ejercicio profesional, propiciando emprendimientos de diversa complejidad de los cuales somos autores o asesores. ¿Debemos avergonzarnos de ejercer estas nuevas oportunidades o sentir que con nuestra presencia se jerarquizan los resultados?

Siempre hubo y habrá detractores de la construcción, ya que a todos nos molestan las obras, aún a sus mentores. Esta es una industria que no tiene localización predeterminada, que no puede circunscribirse en áreas precintadas y planificadamente alejadas de los núcleos urbanos. Sus impactos negativos son molestos pero transitorios. Sin embargo, muchas veces, lo que provoca rechazo tiene que ver con el crecimiento edilicio tanto en horizontal como en vertical. Los vecinos repudian el proceso de materialización (la obra) como su resultado final (el edificio terminado) porque obviamente provoca un cambio en la escala a la que están acostumbrados. Expresiones como “que los edificios nuevos me tapan el sol” o que “el barrio ya no es lo que era” son expresadas frecuentemente en las manifestaciones contrarias. Admitamos que “emprendimiento inmobiliario”, “torre” (aunque técnica y etimológicamente no lo sea), “barrio de viviendas”, “barrio cerrado”, “shopping” son actualmente malas palabras. Debe asumirse sin desdeñar otras opiniones y aún distintas miradas que somos los Arquitectos los profesionales universitarios capacitados suficientemente para definir los resultados concretos de las programaciones que los estados provinciales o municipales establezcan. Queremos ejercer nuestro profesionalismo sin recibir agraviantes sospechas, ya que nos hemos capacitado para ello, desde el plano técnico, además del legal.

Estamos en una época en la cual la demonización de nuestra principal industria es objeto de una peligrosa publicidad que se expande y multiplica, destacando siempre los efectos negativos y obviando las cualidades que históricamente la caracterizaron. Y no se trata de hacer pie solamente en los rasgos económicos que la acompañan, ya que la arquitectura y el desarrollo urbano no son consecuencia de meros intereses materialistas. Ambas, arquitectura y ciudad, son virtuosas manifestaciones que acompañaron el desarrollo histórico de la humanidad, dando lugar al calificativo universal y también legal que mejor las distingue: el arte de construir.

El nuevo Código Civil y Comercial incluye específicamente a la industria de la construcción como parte conceptual inescindible, regulando y protegiendo tanto a los que “hacen” como a los que “reciben”. No podría ser de otra manera, ya que negar su existencia en el campo social y cultural de un país, sería como tapar el sol con las manos.

La industria de la construcción es uno de los soportes de nuestra sociedad. Es deber y misión inexcusable de las entidades colegiadas con incumbencia defender la arquitectura y consecuentemente la industria de la construcción. Y reposicionarla no sólo como factor económico (ese desde el cual se la ataca), sino como consecuencia de un rasgo cultural vinculado al desarrollo y la organización del hábitat para lo cual resultan al menos dos cosas imprescindibles: el aporte profesional de los arquitectos y el virtuoso desarrollo armónico de las ciudades. Y ambas, bajo el amparo de la Ley.