El pasado martes 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Educación de la Nación a través del Boletín Oficial de la República Argentina, publicó la confusa Resolución 1254/2018 (ver) y Anexos, que modifica las actividades reservadas a ciertos títulos universitarios y condiciona eventualmente el ejercicio profesional actual o futuro.
Involucra a varias profesiones que se consideran “de riesgo” y cuyas acciones “comprometen la seguridad pública”, entre ellas la Arquitectura (ver), las distintas especialidades de la Ingeniería (ver), la Agrimensura (ver) y otras.
Está basada en el trabajo realizado desde hace algunos años por la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los considerandos sobre Arquitectura provocaron el inmediato rechazo de las agrupaciones profesionales que nuclean a los arquitectos del país, como FADEA (ver), el Consejo Superior del CAPBA (ver), el CPAU (ver) y otros Colegios Profesionales de las distintas provincias.
La enfática respuesta, se fundamenta en la idea que la resolución va en contra de los intereses, desarrollo y capacidades de sus matriculados; y que a pesar de que los cambios podrían afectar su desempeño laboral, las organizaciones profesionales no fueron consultadas.
Mientras los asesores legales del CAPBA estudian el tema en profundidad, la institución reclamó explicaciones a las partes involucradas en la ideación de la resolución y se prepara para llevar adelante acciones administrativas y/o legales, en caso de verificarse afectación a las incumbencias u otras consecuencias no deseadas.
Por sus parte y ante la repercusión del tema, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) (ver) emitió un comunicado detallando el proceso de generación de la resolución y dando sus interpretaciones sobre los efectos prácticos de la misma.
Finalmente, el CONSEJO DE DECANOS DE FACULTADES DE ARQUITECTURA (CODFAUN) (ver), desarrolló un documento donde establece precisiones respecto a la situación específica de los títulos de arquitecto.